El Gobierno local, en el que el Partido Popular entró hace tres meses, contrató la limpieza de instalaciones municipales con una sociedad propiedad de un empresario vinculado en la operación Enredadera, en la Púnica y en la trama corrupta de Francisco Correa en Bohadilla del Monte.

El Gobierno privatiza la atención del teléfono gratuito de ayuda a personas con riesgo de conducta suicida, el 024: se encargará Cruz Roja por dos millones durante un año. Y lo hace a través de una subvención a dedo.

Justifican que "las prórrogas de contrato son habituales y que pueden consultarse en el SAS", pero no niegan su existencia. Málaga y Cádiz serían las provincias matriz de este escándalo tachado de "intolerable" por la oposición. Las fuentes socialistas consultadas han rebatido la justificación aportada desde Salud. Sostienen que se trata de "una extensión de contrato fuera del periodo de prórroga", lo cual es ilegal.

El actual portavoz de Sanidad del PP en Cantabria, que en 2015 blindó a la compañía de penalizaciones por posibles incumplimientos en Valdecilla durante dos años con una controvertida resolución, firmó en 2017 otra adjudicación de 3,2 millones para la empresa de la familia del Pino, que meses después, en abril de 2018, contrató a su hijo. Pascual fue imputado entonces por supuesta prevaricación en otro concurso que benefició a Ferrovial, y esta acabó renunciando a esa nueva adjudicación firmada por el hoy diputado.

La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada mantiene abierta una investigación por la adjudicación de miles de contratos exprés durante la pandemia en la Junta de Andalucía. La instrucción afecta de lleno a Elías Bendodo, actual coordinador general del Partido Popular nacional, debido a que fue su Consejería en Andalucía (la de Presidencia, Administración Pública e Interior), la que emitió unas normas de contratación de personal que no habrían respetado los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.