El PP, convertido en “el bufete de abogados de la banca, de los fondos buitre, las socimis y los grandes propietarios”, quiere tumbar a través del Constitucional leyes que reducen el margen de beneficio de los intereses financieros e inmobiliarios.

Las últimas semanas han sido de caída libre para Alberto Casero. El diputado del Partido Popular por Cáceres lo ha sido todo en su formación. Puede que para el común de los mortales su nombre comenzará a sonarles a raíz del error en la votación que salvó la reforma laboral; pero no había un solo dirigente que no le conociera. Mano derecha de Teodoro García Egea, exsecretario general forzosamente dimitido, era el fontanero por antonomasia de Génova. Ahora ha caído en desgracia.

La Comisión Europea ha lanzado un evidente aviso a España en forma de luz roja al proyecto de reforma del Consejo General del Poder Judicial. Bruselas había urgido a la renovación del órgano judicial, pendiente desde 2018, pero considera que la vía emprendida para hacerlo por el Gobierno de Pedro Sánchez puede poner en peligro la independencia judicial y agravar la impresión de que el CGPJ es vulnerable a una politización.

PSOE y Unidas Podemos no aflojan la presión sobre el PP para renovar el Consejo del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces que lleva dos años con el mandato prorrogado. Los dos socios del Ejecutivo reclamaron este lunes a la presidenta del Congreso que habilite enero para tramitar con urgencia la reforma que limita las competencias del Poder Judicial de manera que no pueda nombrar cargos cuando tiene, como ocurre ahora, el mandato caducado. Podemos amenaza, además, con activar la ley que permite la renovación con mayoría absoluta

El pleno del Consejo General del Poder Judicial debatirá el 7 de junio su informe sobre el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática. [...] Sin embargo, en su borrador, el Poder Judicial opina que “la exaltación o apología de hechos históricos, por dolorosos, reprobables o contrarios a los valores centrales de nuestra convivencia que puedan estimarse, constituyen opiniones o juicios de valor que entrarían en el ámbito de protección de la libertad de expresión, salvo cuando suponga una lesión de derechos o bienes de relevancia constitucional”.

"El Estado se divide en tres poderes: el ejecutivo (Gobierno), el legislativo (Parlamento) y el judicial (jueces). Sí, has leído bien: el poder judicial lo detentan los jueces. Cada uno de los 5.692 jueces SOMOS poder judicial. (...) El CGPJ sería quien nos organiza (...) De todas las funciones que cumple hay dos que interesan especialmente a la clase política: régimen disciplinario (sanciones a los jueces) y nombramientos y ascensos de jueces. Esta última es en su mayor parte reglada (objetiva, por antigüedad) Pero una pequeña parte de estos"

Según Ayuso, "solo hay algo más peligroso y dañino que un Tezanos que arremete contra el necesario líder de la oposición y fabrica mensajes todos los días contra él para que lo repliquen los ministros sin pudor alguno y es llenar el Poder Judicial de Tezanos disfrazados de jueces". Ha afirmado que "el activismo está destrozando la credibilidad de uno de los mejores sistemas judiciales del mundo".

La Asociación Europea de Jueces criticó este martes que PSOE y Podemos hayan presentado una proposición de ley en el Congreso para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pueda ser renovado por mayoría absoluta de Congreso y Senado en caso de que no se puedan reunir los tres quintos de estas Cámaras.Esta entidad europea de letrados expresó su “gran preocupación” por esta reforma, ya que puede suponer que “España esté dando un paso atrás en los objetivos fundamentales para la independencia del Poder Judicial”.

Esta lamentable situación también se explica en parte por una ciudadanía que ha sido poco exigente con las maniobras de control del sistema judicial. La tónica general ha sido que las injerencias son positivas si las perpetra el partido al que se respalda (siempre habrá alguna justificación comprensiva), pero negativas si las lleva a cabo la formación contraria. Las mejoras estructurales que nos acerquen a las prácticas europeas no vendrán voluntariamente de los partidos. Solo se producirán a través de la presión ciudadana. Algo difícil.

Advierte que la iniciativa del Gobierno de coalición dirigida a rebajar la mayoría suficiente para renovar a los miembros del Consejo General el Poder Judicial (CGPJ) se aparta de las normas del Consejo de Europa relativas a la composición de consejos judiciales y elección de sus miembros "y puede resultar en una violación del Consejo de Europa estándares anticorrupción" Recuerda asimismo que GRECO ha subrayado repetidamente que las autoridades políticas no deben participar, en cualquier etapa del proceso de selección del turno judicial.

El CGPJ sigue designando cargos en la cúpula judicial sin atender al resultado de las negociaciones para su renovación. Los nombramientos salen adelante con amplia mayoría con el respaldo de todos los vocales conservadores y parte de los progresistas

La negociación abierta entre PSOE y PP para la renovación del Consejo del Poder judicial debe incluir (1) la inmediata puesta en práctica de las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) ; (2) el establecimiento de mecanismos de renovación alternativa del CGPJ en el caso de que los partidos no se pongan de acuerdo; (3) la prohibición de reingreso en la carrera judicial, al menos durante dos años, de aquellos jueces, magistrados o fiscales que hayan participado activamente en política. Y con carácter retroactivo.

El Washington Times ha informado de que Judicial Watch ha encontrado a 1,8 millones de “votantes fantasma” en 29 estados y ha advertido sobre estas “sucias” elecciones presidenciales en Estados Unidos, en las que todavía no se conoce al ganador. Esta entidad, que investiga supuestas faltas en la conducta de funcionarios gubernamentales, ha publicado un estudio comparativo entre las estadísticas de población de la Oficina del Censo y los datos de registro de votantes estatales, y ha revelado una disparidad notable.

La investigación por estafa al que fuera líder del partido en Andalucía, el chat racista de los dirigentes de la formación en Ceuta, el intento de asalto a un centro de menores migrantes no acompañados en Barcelona y presuntos abusos sexuales a menores son algunas de las causas judiciales en curso a integrantes de la formación ultraderechista, que ha tenido entre sus filas a condenados por violencia machista, abusos sexuales a discapacitados, delitos económicos, agresiones y vandalismo contra símbolos de la Memoria Histórica.

El presidente, Pedro Sánchez, ha llamado al líder del PP, Pablo Casado, para retomar esas conversaciones. El tono parece haber cambiado. El bloqueo de momento sigue, y el PP insiste en su exigencia de que Unidas Podemos no esté de ninguna manera en la negociación ni pueda proponer vocales del Poder Judicial, pero los mensajes que llegan tanto del Ejecutivo como de los populares muestran que algo podría moverse.

Las dos fuerzas que integran el Gobierno -el PSOE y Unidas Podemos- y sus socios de investidura han consumado el primer paso en el camino para intervenir el Poder Judicial. La proposición de ley que restringe las competencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano rector de la justicia -se encuentra en funciones-, se ha aprobado este jueves en el Congreso por 196 votos a favor frente a 140 en contra, y sólo resta ya el trámite del Senado. Tras esta luz verde se ciega la vía a un pacto con el PP para renovar el Consejo General.

La ciudadanía española despertó hace años y presenta anualmente miles de denuncias contra el Estado ante los organismos europeos por corrupción judicial, sobre todo en el ámbito de la sumisión del tercer poder a los intereses de las entidades financieras. Se están produciendo movimientos entre los europarlamentarios para que nuestro país sea incluido en esa lista negra de países (Polonia, Hungria) cuyas instituciones socavan la democracia y los derechos reconocidos a los ciudadanos.

"En el PSOE saben que una gran mayoría de la carrera judicial es conservadora (...). En la medida en que los miembros del Consejo General del Poder Judicial se elijan a sí mismos, ellos saben que habrá mayoría conservadora", dijo en las Jornadas por la Concordia el Rafael Arias-Salgado, ex ministro de Fomento.

Serbia celebra el domingo un referéndum sobre un paquete de reformas judiciales que, entre otras cosas, eliminará el papel del parlamento en la elección de jueces y fiscales, pero los expertos afirman que esto por sí solo no librará a los tribunales de la influencia política. Los cambios propuestos en la Constitución serbia de 2006 han sido ampliamente acogidos por la Unión Europea.

Isabel Díaz Ayuso colecciona polémicas y choques con Pedro Sánchez. También en los tribunales. La Comunidad de Madrid ha abierto hasta ocho procedimientos judiciales contra el Gobierno central en los dos últimos años, con la pandemia como punto de inflexión, con recursos que abarcan desde los cierres decretados por el Ministerio de Sanidad durante la pandemia a los precios públicos universitarios. Una ofensiva con resultados dispares que esta semana sumó un nuevo frente a cuenta de los currículos de Bachillerato, ya admitida a trámite

Por su parte, el sector más conservador del Poder Judicial, que es mayoritario, mantiene el pulso al PSOE por la renovación de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) (dos tienen que ser nombrados por el Gobierno y 2 por el CGPJ). Esta renovación es vital, ya que cambiará la mayoría en el tribunal de garantías, con 7 magistrados progresistas y 5 conservadores, hecho que tendría que permitir al Gobierno que no se le tumben las leyes que aprueba.