El 22 de junio de 2020, Santafosta, de Agrupación Independiente San Antonio de Benagéber, -una escisión del PP- firmó un decreto de Alcaldía para conceder el anticipo de 1.000 euros a Retamosa que tendrá que devolverlo en los siguientes 10 meses, sin intereses

Salvador Illa, aseguraba este mes de mayo en una rueda de prensa desde la Moncloa que "el Gobierno ha cumplido y seguirá cumpliendo a rajatabla con todas las obligaciones en materia de transparencia que tiene que cumplir". Pero no está siendo así. Sanidad seguía teniendo a 16 de octubre un total de 92 peticiones de información recibidas en el estado de alarma pendientes de ser resueltas. Cuatro meses y medio después, Sanidad acumulaba casi un centenar de solicitudes sin darles respuesta.

Investigados y testigos hablan de apuntes a mano sobre los que no se comprobaba si el dinero que pedían las unidades policiales se destinaba a los objetivos marcados. Una operación de espionaje ilegal que fue posible gracias a las "disfunciones e irregularidades" en la gestión del dinero, del que nadie en Interior se hace responsable. El Gobierno mantiene congelados en los Presupuestos los gastos reservados, que el año que viene ascenderán a 27,86 millones de euros

El emérito ha podido regularizar el fraude con las tarjetas opacas sin que la AEAT hubiera iniciado actuaciones de comprobación contra él, pese a la sucesión de indicios sobre su participación en actuaciones irregulares en los últimos años

A pesar de que el Gobierno ha repetido muchas veces que la transparencia es uno de sus pilares, los datos no dicen lo mismo. El Gobierno optó, durante el primer estado de alarma, por incluir las solicitudes de información en la decisión de paralizar los plazos administrativos, algo que entorpeció duramente la transparencia. También hemos constatado el abuso del silencio como respuesta a las peticiones realizadas por la ciudadanía y cómo el Ejecutivo ha incumplido reiteradamente los plazos a la hora de responder a estas solicitudes”.

El desembolso fue de 372.000 euros frente a los 330.000 de 2019 según la información solicitada por LA RAZÓN a la Cámara Baja a través del Portal de Transparencia de la Institución. No en vano, según consta en el Plan Presupuestario correspondiente al ejercicio de 2020, la Cámara Baja contaba con una previsión de gasto de 1.014.342,20 euros para la partida de Servicio de Radio Taxi y vehículos de alquiler del Parque Móvil, por lo que, finalmente, se redujo en un 63% el gasto en este concepto.

Belarra ocupa la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 desde el 15 de enero de 2020. Este órgano impulsa el cumplimiento de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). De esta área depende la Dirección de General de Políticas Palanca para el Cumplimiento de la Agenda 2030, liderada por Gabriel Castañares, quien percibió un sueldo de 78.973 euros brutos el año pasado, según datos del Portal de la Transparencia del Gobierno. Cerca de 19.000 euros de esa cantidad corresponden con el complemento de productividad.

No se trata de un capricho de ‘frikis de los datos’, aunque pueda parecerlo. La información de los registros mercantiles del Estado es imprescindible para prevenir delitos de blanqueo y evasión fiscal, o para vigilar irregularidades en la contratación pública. Abrirla públicamente entorpece la aparición de complejas tramas societarias, como señaló el gobierno de Reino Unido en 2014 al hacerlo con sus propios registros.

La secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Noelia Vera, cobró 101.955 euros por 11 meses y medio en el cargo. Una vez más, aparece el famoso y opaco complemento de productividad. Lo concede quien nombra al cargo, siempre que haya recursos y se premia el rendimiento y los objetivos alcanzados, aunque el Gobierno nunca explica cómo se concede y cómo y cuando se cobra. Si recuerdas, el sueldo de un secretario de Estado ronda los 77.300 euros. Esta cifra es la suma de un sueldo de 14.097 euros, un complemento de destino

En situaciones como esta pandemia las administraciones públicas pueden contratar a dedo, sin abrir expediente e incluso solo con hablarlo. Pero, eso sí, tienen que cumplir las reglas de transparencia a posteriori y publicar los detalles en 15 días. En 2020, tardaron una media de 43. Y eso sin contar los que aún no se han publicado.

Tras la huida de Juan Carlos I a Emiratos Árabes, el Ejecutivo ha bloqueado los intentos de acceder a información relacionada con sus propiedades. La Familia Real no está obligada a dar cuenta de su patrimonio, como sí ocurre en el caso de miembros del Gobierno y del Congreso. El Sindicato de Técnicos de Hacienda reclama que se corrija esta situación.

El Ejecutivo creó un grupo asesor para diseñar el futuro de la economía española tras la pandemia, pero no ha informado oficialmente de él ni ha respondido a una resolución de Transparencia

El Cabildo encargó a José Carlos Díez, Daniel Lacalle y Miguel Sebastián unas líneas maestras para su futuro pospandemia, pero en la isla nadie ha podido leer el trabajo

Los miembros de la Familia Real no están obligados a publicar su patrimonio, algo que sí hacen los cargos públicos elegidos democráticamente. Tanto el Gobierno como La Zarzuela mantienen ese asunto al margen de la Ley de Transparencia.

Investigamos los indultos desde 2013. Y no porque estuvieran en el centro del debate público como ahora, sino precisamente porque no lo estaban. Sin embargo, hoy y desde siempre, los sucesivos gobiernos siguen sin justificar públicamente la concesión o denegación de un indulto. Sigue sin existir transparencia en el uso de esta prerrogativa

"Según afirma a Maldita.es el doctor en Derecho y experto en Transparencia Miguel Ángel Blanes: “No podemos saber si las decisiones políticas han sido impulsadas o se basan en los intereses mantenidos por dichos grupos empresariales”. Es decir, que ahora mismo no podemos saber las reuniones que se producen entre diputados y empresas (u otros lobbies), aunque el Código de Conducta obligue a ello."

El pasado 15 de abril, cuatro diputados de Vox realizaron al Gobierno una de las preguntas más singulares que se han registrado en la actual legislatura: "¿Cuál ha sido la evolución del consumo de 'poppers' en la ciudadanía en los últimos diez años?"

El Consejo de Transparencia recuerda que "el incumplimineto reiterado de la obligación de resolver en plazo las solicitudes de información púlbica" se califica como una falta grave.

La nueva Ley de Seguridad Nacional posibilitará al Gobierno eliminar los controles de transparencia de las contrataciones públicas en las situaciones de crisis que resulten de urgencia.

Por el momento, la Comunidad de Madrid sólo ha respondido al Consejo de Transparencia que la investigación anunciada por la presidenta no era para uso "público", sino que sólo buscaba disponer de datos a nivel interno sobre la gestión de las residencias de mayores "para su conocimiento y, en su caso, propuesta de acciones o medidas adicionales".