La petición pone como ejemplos similares el papel del PP en el caso Gurtel, el de la Junta en los ERE o el del Ayuntamiento de Atarfe en Medina Elvira, que fueron apartados por no ser verdaderas acusaciones. El papel del Ayuntamiento de Granada en el caso , que tras varias vicisitudes iniciales accedió en calidad de acusación particular como posible perjudicado por los supuestos asuntos de corrupción que se investigan, vuelve a estar en el disparadero por la petición formal ante la jueza instructora para que el organismo público sea "expulsado"

El magistrado Pedro Castellano, autor de uno de los polémicos autos que libraron al equipo del PP de Valencia de Rita Barberá del juicio por blanqueo de capitales en el marco de la pieza separada A del 'caso Taula', ha sido designado ponente sustituto de la sentencia de Eduardo Zaplana en el 'caso Erial'. El juez conservador sustituye así a su compañero José Manuel Megía de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, recusado por uno de los abogados de las defensas, como ponente del fallo del próximo juicio al expresidente...

Luego, al renunciar a su curul en el Senado, argumentando falta de garantías, el expresidente Uribe evadió esa investigación y su caso pasó a la Fiscalía. Allí se decidió desechar lo investigado en la Corte para pedir la preclusión del caso una y otra vez, lo que ha significado en últimas una defensa del expresidente en una actitud poco común si se tiene en cuenta que hablamos de la entidad que debe investigar y acusar.

El informe pericial encargado por el juez del conocido como caso Neurona, clave para el futuro de la causa, señala que los contratos de Podemos a esa consultora se ajustaron al rango medio de los precios de mercado, e incluso quedaron "levemente por debajo". El informe pericial encargado por el juez del conocido como caso Neurona, clave para el futuro de la causa, señala que los contratos de Podemos a esa consultora se ajustaron al rango medio de los precios de mercado, e incluso quedaron "levemente por debajo". El informe del perito Aleix San

La trama que salpica al exministro Ábalos ha provocado ya una veintena de detenciones, mientras que la Justicia no ha percibido ilegalidad alguna en los contratos con el hermano de la presidenta madrileña.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha denunciado ante la Policía haber recibido amenazas de muerte en redes sociales tras pedir al Tribunal Supremo que investigue al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, por tres delitos relacionados con la pieza Dina, en el marco del conocido como 'caso Villarejo'.

El caso Villarejo amenaza la estabilidad del Ibex 35. La imagen de cuatro de las mayores multinacionales españolas -BBVA, Repsol, CaixaBank e Iberdrola- y también su valor en Bolsa, su estrategia corporativa, y la composición de su directiva, están en juego. Los principales bufetes de abogados del país trabajan para estas compañías, tratando de minorar el efecto Villarejo.

(...) ¿No genera cierta inquietud que la declaración de la víctima sirva, en situaciones como esta, como única prueba de cargo? ¿No nos hace removernos incómodos en la silla que se ponga fin así a la carrera de un representante de los ciudadanos? ¿Puede servir la inhabilitación, ocho años más tarde y en un caso resuelto con una multa, al propósito de reeducación y reinserción social que persigue nuestra Constitución? ¿Acaso no denota reinserción que un joven antisistema haya acabado integrado en las instituciones?

El juez instructor del denominado caso Primarias en Salamanca, que investiga la posible comisión de un delito de financiación ilegal del partido en la celebración de las primarias del partido en 2017 que ganó Alfonso Fernández Mañueco para ser el candidato a la Presidencia de Castilla y León, ha ampliado otros seis meses la instrucción.

El juez Manuel García-Castellón da por acabada la instrucción del caso Dina y, a falta de practicar tres declaraciones que ya se habían aprobado, ha rechazado ampliar el plazo de investigación. El magistrado toma esta decisión tras no encontrar indicios de un supuesto delito de daños informáticos cometido por Pablo Iglesias, ex secretario general de Podemos

El caso de la estafa millonaria al Ayuntamiento de Madrid en la venta de mascarillas y material sanitario sigue dando de qué hablar y la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo tiene una teoría. Ha comentado que la situación que se vive en el Consistorio puede responder a “un ajuste de cuentas” aún sin resolver en la lucha del PP de Madrid que saltó a la opinión pública por los contratos en los que se benefició el hermano de la presidenta madrileña, Tomás Díaz Ayuso.

Pietro Orlandi pasea de un lado al otro de la habitación. Su hermana Emanuela hubiera cumplido 55 años el sábado. En la familia Orlandi, pese a todo, hay quien no ha perdido la esperanza de que La chica del Vaticano –así se titula la serie documental de Netflix que está detrás de la decisión del Papa Francisco de reabrir el caso de su desaparición– siga viva. Casi 40 años después de su secuestro, los Orlandi que quedan (el padre, Ercole Orlandi, funcionario vaticano, cercano a Juan Pablo II, falleció en 2004 sin poder volver a ver a su hija)

José Manuel Holgado Merino, director general de la Guardia Civil durante la etapa de Juan Ignacio Zoido (PP) como ministro del Interior en el último Gobierno de Mariano Rajoy, ordenó por escrito el 27 de diciembre de 2017 que el Servicio de Asuntos Internos dejara de investigar la supuesta adjudicación irregular de decenas de obras del instituto armado al constructor canario Ángel Ramón Tejera de León, Mon, uno de los ahora imputados en el caso Cuarteles de corrupción junto al teniente general Pedro Vázquez Jarava.