La periodista Rosa M. Tristán ha mostrado la carta que la Comunidad de Madrid le ha enviado tras el fallecimiento de su padre y la indignación que genera es inmediata. "La carta que recibí ayer del Gobierno de Ayuso en relación a la muerte de mi padre. Para los que no pueden creer que aprovechen muertes para su propaganda", ha escrito junto a la captura de la misiva. En el escrito el Ejecutivo regional le informa de la cantidad que se ha ahorrado en el impuesto de sucesiones.

El contrato de transporte sanitario programado venció en febrero de 2023. Desde entonces el servicio funciona en una especie de limbo legal. Estas ambulancias realizan un millón de viajes al año. La Comunidad de Madrid tiene privatizados dos importantes servicios de ambulancias: el de transporte urgente (el traslado de un paciente ante una situación imprevista) y el programado (para aquellos enfermos que tienen citas concertadas y no pueden acudir por sus propios medios, por ejemplo, para recibir diálisis, quimioterapia o rehabilitación). Este

El centro Gómez Moreno recibió el mismo día 8 de marzo una carta en la que la Administración esgrimía razones sanitarias para desautorizar el acto, a pesar de se iba a realizar al aire libre, en un espacio de 4.000 metros cuadrados y con un máximo de 20 personas.

La Comunidad de Madrid deniega la beca a madres solteras por no aparecer el padre en el libro de familia

Illa describe una situación y no pretende lanzar reproches: “Y lo prioritario no era comprar barato”. A su juicio, en aquel momento todos los responsables sanitarios hicieron lo mejor que pudieron para traer material de donde fuera, que era del mercado asiático. Sanidad compró las mascarillas quirúrgicas a una media de 0,42 € unidad, mientras que la Comunidad de Madrid pagó una media ponderada de 0,82 €. En mascarillas FFP2, el Ministerio y el INGESA compraron la unidad a una media de 2,23 €, mientras el precio medio de Madrid fue de 4,91 €.

El PP de Madrid lleva más de cinco lustros al servicio de los negocios de constructores y acaparadores de servicios públicos, privatizados o en régimen de concesión. Entre 2004 y 2020, la Comunidad ha dejado de prestar servicios a los madrileños por valor de 48.000 millones de euros. Y atribuyo todo ese dinero a servicios públicos, porque los gastos innecesarios, como la subvención del espectáculo taurino, o el sueldo que cobró el líder fascista español, Santiago Abascal, por no hacer nada, no se dejaron de pagar. Según Lasquetty…

La factura sube cada mes. Por unas obras fallidas y abandonadas. La Comunidad de Madrid paga actualmente 14.000 euros mensuales por vigilar y conservar la línea ferroviaria que iba a unir Móstoles con Navalcarnero, uno de los proyectos estrella de Esperanza Aguirre. El proyecto nunca se materializó, se quedó a medio terminar, e incluso acabó en los tribunales en una batalla judicial que enfrentó durante años al Gobierno regional y a la constructora (la antigua OHL, hoy OHLA).

El Ayuntamiento de Madrid se niega argumentando que pondría en "serio riesgo" las arcas municipales. En sus escritos –que se adjuntan en el texto– ambas administraciones admiten sus problemas para cuadrar las cuentas mientras presumen de rebajas fiscales.

Las lógicas del trumpismo son otras y la izquierda sigue sin entenderlas. Tampoco las entiende Casado si cree que el éxito de Ayuso ha sido un éxito del PP

La pandemia del coronavirus provocaba, tanto en la Comunidad de Madrid como en el resto de España, una brutal crisis, no sólo sanitaria, sino también y principalmente, social y económica. Una crisis ante la que la Unión Europea, consciente de la situación económica y social de los estados miembros, decidía activar una ayuda financiera para todos ellos. La conocida ya como Fondos NextGenerationEU. Ayuda económica que ahora ha sido utilizada desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid para “favorecer” a la Iglesia.

En marzo de 2020 no existían cifras oficiales sobre cuántos ancianos morían en las residencias víctimas del coronavirus, pero las comunidades autónomas tenían claro que eran uno de los puntos negros del mapa de la enfermedad. Fueron los días en los que los militares entraron en los geriátricos para encontrar ancianos conviviendo con cadáveres, y también los días en los que la Comunidad de Madrid distribuyó unos protocolos que impidieron la hospitalización de miles de personas mayores que acabaron muriendo en las residencias sin acceso a un resp