El poder judicial, en los países que dicen ser o quieren ser democráticos, se utiliza para asegurar que el incumplimiento de las leyes que emanan del resto de poderes del Estado se cumplan con igualdad y equidad entre toda la ciudadanía, independientemente de la situación personal o particular. Sin embargo, la extrema derecha ha intentado hacer un uso político de la justicia aprovechando las herramientas establecidas en la legislación, las administraciones públicas, los resquicios del sistema e ingentes recursos económicos y mediáticos.

Sentencia del Tribunal Constitucional defendiendo la legalidad y proporcionalidad del estado de alarma para limitar - que no suspender - derechos fundamentales.

Análisis para de Pablo Iglesias sobre el lawfare en España

El lawfare es ya hoy un objeto de investigación para la ciencia política, el derecho y las ciencias sociales en general, incluidas las ciencias de la comunicación. La profesora Susan Tiefenbrun, en un artículo académico muy citado de 2010, definía el lawfare como “un arma diseñada para destruir al enemigo usando, haciendo mal uso y abusando del sistema legal y de los medios de comunicación para crear un escándalo público contra ese enemigo”. En la definición de Tiefenbrun se identifican claramente los dos actores claves para entender el fenómen

Luchar contra la extrema derecha, la industria de datos, la crisis climática y la desigualdad han sido los temas centrales en un acto que ha convocado a importantes representantes del Partido de los Trabajadores brasileño, con Lula da Silva a la cabeza, junto con otros líderes políticos y sindicales españoles. Bajo el título 'Construir futuro: retos y alianzas populares' y con un público entregado, el evento organizado en la Casa de América se ha vertebrado sobre el lawfare o guerra jurídica.

El exjuez y exministro brasileño Sergio Moro ha admitido este miércoles que el caso Lava Jato fue usado contra el Partido de los Trabajadores (PT) y su líder, el expresidente Lula da Silva.

El juez Manuel García-Castellón da por acabada la instrucción del caso Dina y, a falta de practicar tres declaraciones que ya se habían aprobado, ha rechazado ampliar el plazo de investigación. El magistrado toma esta decisión tras no encontrar indicios de un supuesto delito de daños informáticos cometido por Pablo Iglesias, ex secretario general de Podemos

El escándalo ha servido para poner en claro el rol de cierto periodismo que gusta mostrarse como neutral, para mejor contribuir a las operaciones mediáticas del “lawfare”. Es clara la manipulación de la opinión pública a partir del control de los grandes medios.. El “lawfare” en España y en América Latina es un instrumento poderoso de esta verdadera dictadura del gran capital. Barrer con las cloacas mediáticas y judiciales es una necesidad de primer orden para garantizar la soberanía popular y el orden democrático.

Puede que si el juez García Castellón no se hubiese pasado los útimos DOS años tan solo investigando los casos fake en contra de Podemos y los CDR, le hubiese dado tiempo a investigar alguno de los casos contra Iberdrola y sus directivos ANTES de que prescribieran los delitos.

El magistrado concluye que “de las diligencias de investigación practicadas, no consta acreditada la existencia de alguna persona del partido político Podemos, que bien percibiendo remuneración de dicho partido, bien del dinero público, desarrollara dicha actividad”.

Hoy, después de DOS AÑOS Y MEDIO desde que recibió la sentencia del TSJM, este tribunal ha comunicado a Isabel Serra que comienza a correr el tiempo de condena (e inhabilitación) por haberse manifestado frente a un desahucio. Pasarán 5 años y medio (el doble de lo que le impusieron en la sentencia) desde que fue condenada, y le impedirá presentarse en cualquier lista electoral hasta 2025.

"A Isa Serra la machacaron en los medios, la condenaron a prisión y la privaron de presentarte a las elecciones durante cinco años, pero ni siquiera fue por haber participado en una concentración para defender a un vecino de Madrid que iba a ser desahuciado por ser pobre. A Isa la condenó un tribunal especial por ser dirigente de Podemos. La particularidad del caso, al igual que ocurrió con Alberto Rodríguez, es que ha venido a normalizar el uso del montaje policial y judicial sin necesidad de que tenga la más mínima apariencia de verosimilitud

Hace apenas unos días la vicepresidenta Cristina Kirchner reiteró que la sentencia ya está escrita. E insistió en su inocencia en el expediente donde es juzgada por supuestos hechos de corrupción en la asignación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante su presidencia. Ninguna de las 51 obras investigadas en la causa resultó improductiva o innecesaria, dato que ni siquiera pudo ser desmentido por los diputados de la oposición. La Fiscalía nunca convocó como testigos al juicio ni a los Ministros de Economía del período 2003-2015.

Cuatro acusaciones judiciales, que implicaban en total más de una decena de delitos, portadas y grandes titulares. Antonio Rodrigo Torrijos, exteniente de alcalde de Sevilla (2007-2011), fue durante un tiempo en Sevilla objetivo público número uno de la derecha. Años después, todas, las cuatro acusaciones (los casos Sevilla Global, Fundación deSevilla, Mercasevilla y Fitonovo hace unos días) han quedado en nada.