Infraestructura innecesaria, riesgo sísmico e indemnización garantizada son un cúmulo de disparates que antes de aplicar el decreto ley los poderes públicos deberían investigar por qué Castor se ha saltado todas las normas. Socializar 1.462 millones por una nefasta gestión política y empresarial sin una sola explicación es un insoportable abuso de poder.
