UGT ha propuesto instaurar una serie de planes para atajar la "brecha digital" en España que incluya, entre otras iniciativas, una tarifa social subvencionada por el Gobierno que permita, al menos, acceso a Internet con velocidades de hasta 20 megas por un precio de 20 euros al mes para colectivos en situación de exclusión tecnológica.

La empresa tecnológica, desarrollará un curso online para los trabajadores y formará de manera presencial a 200 cuadros sindicales de UGT.

UGT ha denunciado que el "escaso" nivel de digitalización de las empresas está lastrando el crecimiento económico del país, después de que el gasto empresarial en las tecnologías de la información (TIC) en España haya descendido un 25% en el último año, lo que supone 1.100 millones de euros menos en solo un año, y ya se sitúe por debajo del registrado en 2017.

Dentro del colectivo de whistleblower en España, consideramos trascendental la participación de activistas sociales y defensores de Derechos Humanos en la vida institucional. Es una medida que ayuda a garantizar la regeneración democrática. Necesitamos abrir las instituciones a personas que hayan demostrado un auténtico compromiso con la anhelada: “Regeneración democrática”. En este sentido, consideramos que el papel del activista social, es determinante para impulsar una auténtica cultura de la transparencia, integridad y decencia.