El solicitante pidió acceso al contrato de compra de películas de RTVE a una productora de Enrique Cerezo por valor de 1 millón de euros. RTVE alega, para no facilitar acceso a ese contrato, que el solicitante "está haciendo un ejercicio anti-social de las prerrogativas que ofrece la Ley de Transparencia a los ciudadanos" obligando a RTVE a "iniciar procedimientos judiciales en defensa de sus derechos".
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