Los procesos de desalojo siguen en marcha en las 96 viviendas que administra una sociedad católica en la localidad manchega y que querría ceder a la Junta de Castilla-La Mancha. Entre los afectados es posible que haya personas en riesgo de exclusión. Además, el Tribunal Supremo está dirimiendo a quién le pertenece la propiedad de los inmuebles.
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