La frase aparece en un informe de julio de la comisión mixta de auditoría y riesgos de Avalmadrid, al que accedió EL PAÍS. Detalla las razones por las que aún no se ha recuperado en su totalidad el aval de 400.000 euros concedido en 2011 a una empresa participada por el padre de Isabel Díaz Ayuso. Y emplea una expresión que se aplica cuando no se sabe dónde están los afectados, no se puede contactar con ellos, o estos no atienden los requerimientos de los órganos jurisdiccionales.
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