El Decreto Ley aprobado por el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez para cortocircuitar la llamada “República Digital Catalana”, posibilita al Ejecutivo central sin necesidad de una orden judicial a “exigir a los operadores de telecomunicaciones la gestión directa o la intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en determinados supuestos excepcionales”, con lo que en la práctica el el Estado español se habría convertido en un Estado totalitario al implementar la censura digital en Internet mediante un 155 virtual.
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