La Universidad suspendió un concurso para una plaza de sustitución haciendo suyos los argumentos de la candidata que ya tenía ese contrato y quería renovarlo. Un juez de lo contencioso-administrativo anuló esta suspensión y vio desviación de poder, vulneración del principio de igualdad de acceso al empleo público e indefensión del otro profesor que se presentó a la plaza. El candidato perjudicado presentó entonces una querella contra el rector de la universidad, el vicerrector de Ordenación Académica y una directora de departamento
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