En estas recomendaciones, la Generalitat acusa al Estado español de “menosprecio por la lengua” (se refiere al catalán), de “deslealtad institucional”, de incumplir el artículo 3 de la Constitución, de atacar “el modelo de escuela catalana”, de fomentar la conflictividad institucional, de falta de colaboración en seguridad y protección civil, de atacar el modelo comercial catalán y la defensa de los consumidores, de restringir la libertad de acción exterior y de laminar el autogobierno.
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