Tragsa, empresa pública encargada de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV), comunicó a sus trabajadores que debían catalogar los informes de tal forma que ninguno apareciera como "conforme". Una trabajadora a la que despidieron tras negarse a ello cuenta cómo desde el primer momento la falta de información y las órdenes de sus superiores dejaban entrever que buscaban retrasar lo máximo posible la tramitación del Ingreso. Relacionada:
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