El juez de Vinaròs (Castellón) Javier Verdeguer ha procesado por delito ambiental a dos directivos de la adjudicataria del proyecto Castor, así como a la propia empresa, Escal UGS (participada en un 66,7% por ACS, de Florentino Pérez), por inyectar gas en el almacén marino construido frente a la costa mediterránea pese a ser conscientes "de la potencial peligrosidad sísmica que podía acarrear". Y por haber continuado haciéndolo, a un ritmo superior, después de que empezaran a registrarse terremotos y pese a la advertencia directa que recibieron
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