La Ley 36/2015, que fue aprobada por PSOE y PP con el rechazo de los nacionalistas, ofrece al Gobierno "autoridad funcional" para dirigir las acciones que procedan "en materia de seguridad y orden público" ante una situación de interés para la nación. Esta norma introduce mecanismos de actuación cuya "gestión" debe adaptarse a las circunstancias específicas de cada caso y define la situación de interés como "aquella en la que, por la gravedad de sus efectos y la dimensión, urgencia y transversalidad de las medidas para su resolución
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