A propósito del “Preacuerdo para conformar un Gobierno progresista de coalición que sitúe a España como referente de la protección de los derechos sociales en Europa” firmado por PSOE y Unidas Podemos, nos encontramos ante una oportunidad única.
El acuerdo de gobierno considera una prioridad “dar respuesta a los principales retos que tiene ante sí la sociedad española en su conjunto”. Erradicar el discurso del odio, el racismo y la xenofobia que genera violencia contra las familias migrantes también debe ser prioritario.
Es imprescindible un posicionamiento claro y avances decididos mediante políticas que blinden los derechos políticos y sociales de todas las personas, entre ellas las personas migrantes frente al odio, el racismo y la xenofobia, lo que necesariamente requiere cambios legislativos tales como permitir y agilizar el derecho al voto como un derecho reconocido para poder defendernos en las urnas.
Uno de los ejes del Acuerdo de gobierno se centra en “combatir la precariedad del mercado laboral y garantizar trabajo digno, estable y de calidad”. Dicha prioridad cobra más importancia ante la desaceleración económica –si no es una crisis– que se advierte en el futuro próximo.
El gobierno progresista no puede obviar que una parte importante de quienes sufren la precariedad laboral y ausencia de trabajo digno, estable y de calidad son los trabajadores migrantes y, especialmente, las mujeres migrantes, que también son parte de la clase trabajadora más perjudicada con mayor índice de inestabilidad en el empleo.
A día de hoy, las políticas institucionales rehúsan ver la discriminación contra la población migrante en todas las capas de la sociedad tales como el aumento de la segregación escolar por motivos racistas, peores condiciones para la conciliación laboral y familiar, la quita de custodias de niños a mujeres inmigrantes, la falta de formación del personal público y privado en políticas de diversidad, antirracismo y antidiscriminatorias.
No se puede permitir que el odio sea instrumentalizado a partir de una visión interesada de la migración y las personas migrantes como una “amenaza” a la “seguridad” del país, visión que, lamentablemente, en muchas ocasiones también es reproducida en los discursos de la izquierda consciente o inconscientemente.
Las personas migrantes llevamos tiempo denunciando la falta de acceso a una sanidad pública universal y a la vivienda. Es necesario garantizar el acceso a la justicia al ser víctimas de un delito sin temor a ser deportadas al poner una denuncia, por causa de una situación administrativa en extranjería.
Igualmente señalamos como urgente poner en la agenda política del próximo gobierno acabar con las redadas por perfil étnico, una clara muestra del racismo institucional que ya ha sido prohibido por la Unión Europea, así como el cierre definitivo de los Centros de Internamiento de Extranjeros, cárceles que criminalizan y condenan a personas que no han cometido ningún delito a vivir en condiciones infrahumanas.
Es fundamental que el nuevo gobierno trabaje en la consecución de políticas que garanticen la protección de la vida de las personas migrantes mediante el establecimiento de vías seguras para migrar, un derecho recogido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para ello, es necesario adecuar las leyes de extranjería a los principios de justicia, dignidad y respeto a la vida para evitar las miles de muertes que se producen en el Mediterráneo.
Establecer vías seguras necesariamente requiere facilitar a las personas migrantes el acceso a la regularización administrativa, que no solo es perfectamente posible, sino que además es una responsabilidad de los Estados. Recordemos que en la España constitucionalista se han llevado a cabo hasta siete procesos de regularización administrativa por los gobiernos del PSOE y del PP, llegando a beneficiar a cientos de miles de personas migrantes, así como a un amplio sector empresarial que sigue requiriendo trabajadores.
Mención específica tiene garantizar la protección de la infancia. Las y los niños migrantes no acompañados continúan siendo hostigados por llamamientos explícitos al acoso y la criminalización por los discursos de odio de la extrema derecha que vincula de manera malintencionada a niños/as y adolescentes con el aumento de la delincuencia e inseguridad, utilizando bulos e informaciones falsas, como ya lo han demostrado numerosas fuentes e informes oficiales.
No hay lugar para la indiferencia y permisividad por las instituciones, ni abandono de la obligación de cumplir la ley de velar por el interés superior del menor, contemplado por la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU y la Ley Orgánica 1/1996. Una situación administrativa originada por la Ley de extranjería no puede estar nunca por encima de la protección jurídica y efectiva de los/las menores.
El reciente acuerdo firmado por el PSOE y Unidas Podemos para formar gobierno habla de garantizar la igualdad entre todas las personas. Por ello cumplir sus compromisos electorales es la única garantía de que no traicionarán la confianza depositada por sus votantes. Nuestra responsabilidad colectiva es hacer seguimiento a los avances del nuevo gobierno, que ha prometido actuar con experiencia y con valentía. PARAD EL ODIO.
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Poder Migrante es una red de personas y colectivos migrantes que buscamos crear conciencia y movilización contra el racismo estructural, los discursos y políticas xenófobas que nos criminalizan.
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