Qué pasa con los dineros de Europa. Hungría, Polonia y lo demás

España necesita con urgencia las ayudas procedentes de la Unión Europea. Eso está claro. En los Presupuestos Generales del Estado del año que viene ya aparecen nada menos que 27.000 millones de Euros procedentes de esas ayudas en el apartado de ingresos, y la cifra final con que se cuenta, para varios ejercicios, es de 140.000 millones.

Sin embargo, el dinero no va a llegar rápidamente, si es que llega alguna vez, y para eso hay que echar un vistazo al procedimiento.

La propuesta tiene que ser en primer lugar aprobada por los jefes de Estadio y demás: eso se logró, aunque casi acabamos a tiros con los holandeses.

Después, la propuesta tiene que ser aprobada pro el Parlamento Europeo, lo que también se logró, pero el parlamento introdujo la condición de que los fondos se supeditasen al cumplimiento del Estado de Derecho. Es decir, añadió condicionalidad, y condicionalidad política, además. Ahí se empezó a joder todo, y no porque el Parlamento no pueda hacer esto (que para eso está), sino porque el acuerdo anterior era muy frágil y cualquier modificación podía hacerlo saltar por los aires.

Posteriormente, el acuerdo, ya modificado pro el Parlamento, tenía que ser aprobado por unanimidad por las otras instituciones implicadas, como la comisión, etc. Y ahí es donde se plantaron los húngaros y los polacos, que no están dispuestos a aceptar la cláusula que condiciona los fondos al cumplimiento del Estado de Derecho.

Dicho así, podría sonar a que húngaros y polacos piensan pasarse las leyes por el forro, y quizás sea cierto, pero el hecho de que se diga así suena a que hay algo más detrás y están vistiendo la mona de seda. Y algo de eso hay también.

Cuando el Parlamento Europeo exige que se cumplan las normas del Estado de Derecho, no se refiere únicamente, como dicen algunos medios, a que se respete la separación de poderes y no se manipule a los jueces. Ese sólo es uno de los puntos. En realidad, hay tres asuntos más: derechos LGTB, agenda feminista e inmigración. El cumplimiento de los derechos humanos, para el Parlamento, pasa por la aceptación de una agenda ideológica que incluye , por ejemplo, la aprobación del matrimonio gay, la aprobación de leyes de discriminación positiva feministas y la aceptación de inmigrantes y refugiados.

Para Hungría y para Polonia, estos temas invaden sus competencias nacionales y entienden que se trata de un chantaje: dinero a cambio de que apruebes las leyes que te manden. O sea, lo entienden como una amenaza para los fondos que recibirían si a cambio no están dispuestos a tragar con lo que les manden.

Para Hungría y para Polonia, los matrimonios entre personas del mismo sexo pertenecen al derecho civil, lo mismo que el feminismo, y la inmigración es competencia nacional, como claramente dice el Tratado de la Unión. Lo que estos dos gobiernos sospechan es que si aprueban que los fondos se condicionen a estos puntos, están aprobando fondos para los demás, mientras que a ellos se los pueden quitar en cualquier momento mediante un procedimiento político, porque sus leyes no son satisfactorias. ¿Qué incentivo pueden tener, entonces, para levantar el veto? Yo creo que ninguno. Mientras puedan cerrarles el grifo a ellos, o condicionar su agenda política con esa amenaza durante los próximos siete años, húngaros y polacos no tienen ningún interés en que se aprueben unas partidas presupuestarias que, seguro, llegarán a los demás, pero nadie sabe si llegarán a ellos.

Para húngaros y polacos, y ahí parece claro que tienen razón, el procedimiento por el que se retirarían los fondos, no está aún delimitado, ni decidido, ni reglamentado, más que nada porque se aprobó hace semanas. Y sin procedimiento, ¿qué puede pasar? Pues cualquier cosa.

La idea de otra parte de la Unión es más clara: usar el mayor presupuesto de la historia para mantener a todo el mundo quieto. La cuestión es que parece que no lo han hecho muy bien, porque al haber dos países ya con procedimientos abiertos, estos dos países no quieren saber nada de que los dineros se condiciones a estos expedientes.

¿Y qué se puede hacer? Pues dos cosas: o echarse atrás con lo de la condicionalidad política, lo que dejaría al Parlamento Europeo en paños menores, absolutamente ridiculizado, o buscar algún tipo de solución creativa que permita que la norma siga en pie pero no se pueda aplicar a menos te hayan condenado antes cinco tribunales internacionales y tres religiones monoteístas, como poco. Supongo que la salida irá por el segundo camino, pero ya veremos: la cumbre de ayer marte salió mal. Muy mal. Y la ministra de justicia húngara dijo que no habían luchado contra el bloque soviético para ver ahora cómo los sancionaban por desviacionismo ideológico. O sea, que acabaron a voces.

Pero tranquilos, que cuando acabe esto, falta aún el último paso: que el acuerdo, el que salga al final de negociar con húngaros y polacos, tiene que ser aprobado por los parlamentos nacionales de los veintisiete países miembros. Y veréis la que se va a liar... ¿O alguien cree que este paso se salvará sin dificultades? ¿No aprovecharán este paso los más reacios para echar la culpa a quien sea o a lo que sea para negarse y devolverlo todo a la casilla de salida?

Yo es lo que me temo, pero todo se andará. De momento, a ver en qué para lo de los polacos y los húngaros. El tema es más importante de lo que parece y no creo que se resuelva de un día para otro.

Hay p`risa, sí. Pero no todo el mundo tasa igual el tiempo.