El último informe del World Economic Forum (WEF) adjudica al Estado español un 4,2 en su indice de Independencia Judicial, y lo sitúa en un preocupante puesto 58, por detrás de Arabia Saudí, Azerbaiyán, Kenia, Lituania o Botswana. Otras importantes deficiencias del sistema judicial español son la falta de medios, tanto humanos como materiales, la escasa prevalencia de métodos de mediación y arbitraje, la sesgada composición del Consejo General del Poder Judicial, o la falta de transparencia e información clara y comprensible.
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