Hoy día 8 de junio las familias vuelven a poder visitar a sus mayores en las residencias de Madrid. Lo que debería ser un motivo de alegría es sin embargo un motivo de preocupación entre los trabajadores de las residencias. Desgraciadamente saben que hoy volverán (en directo) los gritos, insultos, las acusaciones de ladrones y por obra y gracia de COVID, también las acusaciones de asesinos.
Obviamente no son la mayoría de las familias, pero sí que son las suficientes para que esos insultos y acusaciones acompañen cada día a los trabajadores de las residencias en sus trayectos de vuelta en el metro o el autobús. Al fin y al cabo, hablamos de trabajos vocaciones que por su propia naturaleza atraen a perfiles más empáticos y sensibles que la media de la población. Lástima que esa cualidad tan adecuada para encargarse de aquellos que necesitan ayuda se convierta en debilidad ante unas críticas furibundas que se han convertido en parte del trabajo, cuando posiblemente no tendría por qué ser así.
Soy defensor a ultranza de la universalidad de la educación, sanidad y atención a dependientes. Nos hace una sociedad mejor, punto. He vivido la alternativa en EEUU y es una de las razones porque las que decidí volver. Pero algo hemos de hacer para que nuestros profesores, sanitarios, gerocultores o terapeutas puedan centrarse en lo que tienen que hacer y reciban no solo aplausos esporádicos, sino también respeto continuado.
En el caso de las residencias hablamos de un sector con grandes problemas estructurales: por obra y gracia de los convenios vigentes [1], si la comunidad privatiza la gestión, es posible pagar a los profesionales casi la mitad que si la gestionase directamente [2], y por obra y gracia de los pliegos, si se privatiza los ratios de atención se pueden caer hasta un 40% [3]. A esto lo llamamos "gestión eficiente". Al fondo hay también concesiones a presuntos corruptos [4], e incluso a corruptos condenados y reincidentes [5].
Pero independientemente de todos estos problemas estructurales, hay algo que no depende de los políticos y que no nos cuesta nada: ser empáticos y amables con aquellos que se ocupan de nuestros seres queridos. E incluso un pasito más allá: afear conductas contrarias y hacer pedagogía con nuestros amigos y vecinos sobre este tema. A medio plazo, si los trabajos del ámbito socio-sanitario y educativo ganan reconocimiento social, tendremos mejores profesionales y más motivados, lo que redunda en el beneficio de todos, que es el de cada uno, porque todos somos futuras personas con dependencia.
Desde este punto de vista, necesitamos servicios públicos mucho mejores de los que nos merecemos, pero ánimo para los trabajadores, porque merecer servicios mucho mejores está en nuestras manos y en nuestras voces.