Las entidades inciden en que este tipo de videos criminalizan a población migrante, fomentan reacciones violentas para generar un peligro inminente a este colectivo pudiendo incurrir en un delito de odio tipificado en el artículo 510 del código penal. Este artículo establece penas de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses a quien realice públicamente el fomento, promoción o incitación directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra las personas por motivos racistas.
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