La declaración de la Alianza Parlamentaria Española por el Derecho a la Alimentación, que tanto el Congreso como el Senado constituyeron en 2018 con el fin de que el derecho a la alimentación se colocara como una prioridad de la agenda política española, no ha podido ser aprobada porque para ello se necesitaba el apoyo unánime de todos los grupos. Pero la formación de extrema derecha, que forma parte del Grupo Mixto de la Cámara Alta, se ha desmarcado del consenso y se ha negado a suscribir el texto.
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