Javier Úbeda, alcalde de Boadilla del Monte, localidad a 15 km al oeste de Madrid, ha pedido formalmente al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, convertirse en nuevo partido judicial independiente. Actualmente pertenece al de Móstoles, que comprende también las poblaciones de Brunete, Quijorna, Villanueva de la Cañada y Villaviciosa de Odón. El alcalde basa su argumentación –en una misiva oficial– en el crecimiento de población protagonizado por su pueblo. En los últimos treinta años Boadilla del Monte ha quintuplicado su población, pasan

Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levin e Inna Afinogenova analizan cómo opera en España y Argentina el 'Partido Judicial' (el bloque de jueces que hacen política a favor de la derecha y las elites), a raíz de la negativa del juez Manuel García Castellón a imputar en el caso Kitchen a la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

En síntesis, de sus casi 40 años de juez, 28 los ha pasado Lesmes en puestos de designación del PP. ¿Qué le podía salir mal al partido con funcionarios ejecutivos de este perfil? Nada, absolutamente nada.

Hablemos de la corrupción y el deterioro institucional, ¿cómo se veía Valencia desde fuera? -Desde el extranjero no éramos conscientes de que Valencia funcionaba como una república bananera, a pesar de las pistas que dejaban las carreras de Fórmula 1, la Ciudad de las Artes y las Ciencias, etc. La burbuja dificultaba detectar la mala gestión. El problema viene cuando una vez, todos lo saben, no se hace nada. Mire, creo que es necesaria una reforma en profundidad de las Constitución que modifique tres aspectos cruciales

El ministerio de justicia pretende eliminar todos los partidos judiciales y dejar juzgados solo en las capitales de provincia. Lejos de ahorrar, tal medida supondrá un coste inasumible para los españoles. Con la LOPJ las capitales de provincia perderán las Audiencias, las ciudades los Juzgados y los pueblos todo.

El Estado profundo trabaja, en colaboración con sus medios de comunicación de confianza, para que fracase la investidura de Pedro Sánchez

El Consello Nazional de CHA, la Ejecutiva, acordó este lunes por unanimidad pedir una modificación en la Ley de Partidos para que se pueda llevar a cabo la disolución judicial de un partido si se demuestra que ha obtenido financiación ilegal. Desde CHA, y como primer paso, se presentará una Proposición No de Ley en las Cortes de Aragón para reclamar al Congreso español este cambio así como mociones en los municipios y comarcas.

Los dos principales partidos del gobierno de Bélgica, la Nueva Alianza Flamenca (N-VA) y el Movimiento Reformador (MR), y el Partido Socialista (PS) en la oposición han expresado su rechazo a la ofensiva judicial del Gobierno contra el president Carles Puigdemont y el Govern. En los últimos días, las dos formaciones del gobierno —una flamenca y la otra valona— han rechazado el curso tomado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

PSOE y PP arrancan las negociaciones con la posición de partida de repartirse 10 vocales para los conservadores y otros 10 para el PSOE, entre los que Sánchez intentará dar entrada a PNV y Podemos. Un total de 50 jueces han sido admitidos como candidatos en el primer trámite de un proceso de selección fundamentalmente político y asociado al bipartidismo. Ciudadanos se autoexcluye del proceso y no reclamará cuota, al estar en contra de un modelo de cúpula judicial controlada por las formaciones políticas

«Su derecho, su libertad de decisión, su cuerpo». Ese ha sido el lema de la concentración convocada esta tarde en favor de la mujer embarazada de 42+3 semanas ingresada ayer en el HUCA por orden judicial.Varias decenas de familias a favor del «parto natural» se han reunido para urgir la «liberación» de la mujer.«Está secuestrada en el hospital, estaremos aquí hasta que la suelten», ha afirmado Elena Fernández, del colectivo El Parto es Nuestro.

La Audiencia Nacional archiva la causa tras retirar la petición de disolución la Fiscalía y el Ministerio del Interior al haber adecuado la formación sus estatutos a la Ley de Partidos.

Se avecina una primavera nada tranquila para los populares valencianos. Su próximo congreso regional, previsto para los primeros meses del próximo año, coincidirá con varios juicios que afectan directamente al partido. Y en esta "fiesta que no se acaba nunca" como se refirió a la corrupción la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, recordando la ya histórica frase de Ricardo Costa (PP), aún hay más causas abiertas, pendientes de juicio, en instrucción o investigándose en la Fiscalía Anticorrupción.

El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa ha dirigido reiterados reproches a nuestro país por la configuración partidista del CGPJ y por no basar en criterios objetivos el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo. Eso no significa que los magistrados que llegan al Tribunal Supremo no estén cualificados,ni que se presten necesariamente a los intereses partidistas. Pero el sistema no está diseñado para elegir a los mejores, sino a quienes prefiera el poder político.La perversidad de estas dinámicas la exp

Ha sido lo último, la jueza ha procesado al Partido Popular como persona jurídica por la destrucción, en el año 2013, de los discos duros de los ordenadores que el extesorero Luis Bárcenas utilizaba en la sede nacional del partido. Este auto convierte al Partido Popular en el primer partido procesado en la historia de España. Gracias a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2012, que su propio Gobierno impulsó pensando en sentar en el banquillo a los partidos de la izquierda abertzale o a Podemos si lograban demostrarle financiación

La decisión de disolver el principal partido opositor de Camboya la tomará el jueves el Presidente del Tribunal Supremo, Dirth Munty, que también es miembro del comité de dirección del gobernante Partido Popular de Camboya (PPC) y que mantiene estrechos vínculos con el primer ministro Hun Sen desde hace tres décadas. El Ministerio del Interior ha solicitado la disolución del Partido del Rescate Nacional acusando a su líder de estar coludido con el gobierno estadounidense para fomentar la "revolución" en Camboya.

El 17 de junio de 2019 se presentó el libro LA JUSTICIA EN EL ESTADO DE PARTIDOS, de la Editorial MCRC, en el Centro Riojano de Madrid, con la intervención de Dalmacio Negro Pavón, autor del prólogo, y de Pedro López Arriba -Presidente del Centro- que presentó el acto. El libro escrito por Pedro Manuel González, abogado en ejercicio, cofundador del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional (MCRC) y columnista habitual del Diario Español de la República Constitucional

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha apoyado hoy la iniciativa del Ministerio de Justicia de que se prohíba a los jueces, magistrados y asociaciones judiciales opinar sobre las causas judiciales de actualidad para preservar "la independencia e imparcialidad de la justicia". De esta forma, el órgano de gobierno de los jueces ha avalado el proyecto del ministro Alberto Ruiz-Gallardón que pretende que los jueces y magistrados no puedan verter opiniones de ningún tipo en los medios de comunicación sobre los procedimientos judiciales.

El Consejo General del Poder Judicial es un órgano colegiado compuesto por: Veinte miembros, llamados vocales, nombrados por el rey, elegidos por las Cortes Generales (Congreso y Senado) entre jueces y juristas de reconocida competencia. Un presidente, que será a su vez Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, designado por el Pleno del Consejo en su sesión constitutiva. Es elegido entre miembros de la Carrera Judicial o juristas de reconocida competencia.

La asociación de jueces Foro Judicial Independiente pide a los candidatos a vocales del Consejo General del Poder Judicial que retiren su candidatura como lo ha hecho el juez Manuel Marchena para denunciar la falta de independencia judicial.“La decisión conocida hoy demuestra que los jueces no podemos ser cómplices en este sistema. No podemos avalar,con nuestros actos o con nuestro silencio,esta grave situación”.A su juicio, el actual sistema de elección de los miembros del CGPJ es “un grave atentado a la independencia judicial, al principio de

Tras la declaración de constitucionalidad de la tasa judicial catalana realizada por el Tribunal Constitucional, el Colegio de Abogados de Barcelona ha hecho público un comunicado por el que rechaza frontalmente que los ciudadanos que viven en Cataluña estén sometidos a una doble imposición, es decir, al pago de la tasa judicial catalana y estatal para poder reclamar justicia ante los tribunales.

Tres asociaciones de jueces y una ONG de defensa de los derechos civiles piden a Naciones Unidas que frene los ataques del Gobierno que están erosionando el principio de separación de poderes”, lo que conlleva el “debilitamiento tanto del Poder judicial como el estado de derecho.Los jueces denuncian la última reforma del Consejo General del Poder Judicial, la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial propuesta por el Gobierno, la falta de recursos y la presión contra jueces ejercida por el poder político y piden que la ONU que se dirija al Gobierno

Cerca de 10 años después, el Centro Social Okupado y Autogestionado l'Estella de Mataró llevará a juicio al secretario judicial responsable de la inutilización del espacio liberado. El 18 de febrero de 2005, el secretario judicial del Juzgado de Instrucción numero 1, con Carlos Agueda Holgueras al frente, tenía ordenes de identificar y notificar a los ocupantes del CSOA l'Estella de Mataró que se iniciaba un proceso judicial contra ellos. Sólo tenía que identificar y notificar, no tenía, en ningún caso, que efectuar el desalojo. traducción #1

El otro día se publicó que el Tribunal Constitucional había “tumbado” las tasas judiciales que impuso hace ya cuatro años (que se dice pronto) el Partido Popular. Por supuesto, la realidad es un poquito más complicada, así que hoy le vamos a dedicar un poco de espacio al asunto de las tasas judiciales y de su inconstitucionalidad. ¿Qué eran las tasas judiciales? Se trataba de un tributo impuesto por la Ley 10/2012 que había que pagar antes de que te dejaran iniciar un procedimiento judicial. Las había en la jurisdicción […].