El Convenio 169 de la OIT reconoce y protege el derecho de los pueblos indígenas y tribales a la propiedad de la tierra y a ser consultados sobre aquellos proyectos que podrían afectar sus tierras y formas de vida. Uruguay sería así el vigésimo tercer país en ratificar la normativa, tras la previa ratificación de España, Holanda y Noruega en el ámbito europeo.

En Uruguay, país que se considera el único de América Latina sin población indígena, grupos de activistas reivindican que los pueblos originarios nunca se extinguieron, mientras un 5 % de la población se declara descendiente de los primeros pobladores del territorio. "La idea del exterminio total de los charrúas es una falacia", indicó en una entrevista con Efe Enrique Auyanet, que representa al Consejo de la Nación Charrúa (Conacha) ante la comisión contra el racismo y la discriminación del gobierno uruguayo.