El Convenio 169 de la OIT reconoce y protege el derecho de los pueblos indígenas y tribales a la propiedad de la tierra y a ser consultados sobre aquellos proyectos que podrían afectar sus tierras y formas de vida. Uruguay sería así el vigésimo tercer país en ratificar la normativa, tras la previa ratificación de España, Holanda y Noruega en el ámbito europeo.