Dos contratistas petroleros fallecieron en el Bloque 66 de la Amazonía ecuatoriana, en Pastaza, durante el ataque de una familia waorani. Los trabajadores fueron lanceados tras la muerte, al parecer accidental, de un niño waorani en Bataboro, dentro del Bloque Tigüino.

La dirigencia del pueblo Sarayaku (Amazonía ecuatoriana) denunció hoy hostigamiento por parte de fuerzas militares. Mediante un comunicado, los representantes de la comunidad amazónica denunciaron la presencia de la fuerza pública desde el pasado 24 de abril. El pueblo Sarayaku acoge a varios políticos de la oposición autoexiliados y procesados por el gobierno de Rafael Correa.

Fernando Villavicencio, Cléver Jiménez y Carlos Figueroa permanecen en la comunidad indígena de Sarayaku en Pastaza. Ellos están bajo la protección de los habitantes de la zona, desde el 24 de abril pasado. El argumento es que se los acogerá hasta que el presidente Rafael Correa acate las medidas cautelares que fueron dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en marzo pasado.

La decisión del pueblo indígena de Sarayaku, de proteger a Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa, genera inquietud en el Gobierno, que no encuentra la manera adecuada de actuar en la comunidad indígena. Ayer, el operativo de "verificación de la presencia de los prófugos" fue un fracaso. Los helicópteros policiales no pudieron quedarse más de cinco minutos en el helipuerto de la comunidad y tuvieron que despegar ante la oposición de los indígenas.

“Amenazados e invadidos” en sus territorios. Así dicen sentirse algunos habitantes de la población quichua Llanchama, ubicada entre los bloques 31 y 43 del parque Yasuní, según contó Olmer Manchoa, representante de 22 de los 65 socios de esa comunidad.

Jorge Herrera fue elegido presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie, en el V congreso de la organización.

“No más engaños… O nos recibe el presidente, (Rafael) Correa, o entramos a la Plaza Grande a la fuerza…”. Esa fue la advertencia que realizaron ayer al Gobierno cientos de campesinos e indígenas que llegaron a Quito desde Imbabura, para reclamar por la paralización de obras para la provisión de agua potable y un canal de riego de 13.000 hectáreas. La paralización de la obra perjudica a 160 comunidades y a 45.000 familias de Imbabura y parte de Pichincha.

El Gobierno de Ecuador estudia emprender acciones contra una petrolera y un centro de investigaciones de Estados Unidos por el uso de muestras de sangre obtenidas con engaños a indígenas amazónicos, con el fin de realizar supuestos estudios científicos.

La caminata que hoy inician en El Pangui, Zamora Chinchipe, las organizaciones indígenas por la Ley de Aguas que se debate en la Asamblea llegará a Quito el lunes 30 de este mes, de acuerdo con la planificación tentativa que manejan sus dirigentes.

Un choque entre clanes en la selva ecuatoriana hace un año dejó decenas de muertos, la mayoría de comunidades no contactadas. Ahora, la Corte Constitucional decide si se debe aplicar la justicia ordinaria o la indígena ¿Hay que aplicar la justicia ordinaria que rige el Estado, a la que los juristas locales se refieren como "mestiza"? ¿O bien es un asunto de justicia indígena? ¿Se puede buscar una salida intercultural, de acuerdo al Estado "plurinacional" que reconoce la Constitución para Ecuador?

El Estado ecuatoriano ofreció disculpas públicas al pueblo indígena de Sarayaku por la exploración y explotación petrolera en su territorio, sin una consulta previa. La ministra de Justicia Ledy Zúñiga ofreció disculpas públicas al pueblo de Sarayacu «por la violación de los derechos a la consulta, a la propiedad comunal indígena y la identidad cultural».

Los asistentes a la asamblea ordinaria anual de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador decidieron convocar a un levantamiento indígena y de pueblos del país. La medida se tomó después de que por unanimidad se decidiera no participar en el diálogo convocado por el Gobierno Nacional. Los pueblos indígenas demandan la derogación de las 17 enmiendas constitucionales, del decreto 016, un cambio en las políticas relacionadas con el medio ambiente, entre otras peticiones.

Este jueves culminó en la Universidad Andina Simón Bolívar el Primer Congreso de Pueblos Aislados. Durante todo el día se discutió sobre el rol que juega la sociedad civil en la defensa de los derechos humanos de los pueblos Tagaeri y Taromenane, la realidad que viven los indígenas waorani en torno a la gestión y conservación de su territorio considerando la ampliación de la frontera petrolera en el Yasuní , la ronda sur oriente, la tala ilegal de bosques y la ampliación de la frontera agrícola.