En democracia hay todo un conjunto de reglas que marcan los límites de su funcionamiento. Una, la más sagrada, es que cada persona tiene un solo voto y lo puede usar como quiera para crear un gobierno y un parlamento que responda a sus aspiraciones. El complemento evidente de esta regla es que la mayoría acepta siempre que el gobierno y el parlamento lo conformen la mayoría. Pero en una democracia hay una cosa que no pasa nunca: que el Estado se dedique a impedir o dificultar el voto de los ciudadanos, a delimitar qué pueden votar y qué no pueden votar y por encima de todo a usar las herramientas que estén a su abasto para sabotear la decisión de las urnas.