José Muelas, abogado de Cartagena, explica el resultado de un caso que consiguió hacer llegar al tribunal constitucional con la intención de demostrar que la justicia debería usar software de código abierto. No logra su cometido, pero consigue que el ponente, en su voto particular, reconozca sus dudas y da esperanzas de conseguirlo en futuros intentos.
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etiquetas: tribunal , constitucional , software , código , privativo
Pero claro, se verían las vergüenzas de las consultorías patrias.
No tiene nada que ver el SO con esto. Hablamos de un software a medida COMPRADO por Justicia, es decir, propiedad del encargante, no de una licencia.
Y el encargante es una administración pública. No haber pedido las fuentes con el encargo es un fallo garrafal.
Las administraciones se habrían ahorrado billones de dinero al no pagar tributo a los mamporreros del poder omnímodo y al no tener que cambiar los dispositivos cada vez que ellos lo imponen.
Pero claro, empiezas ahorrándote el pizzo americano y terminas en listas de «ejes malignos» y recibiendo constructivas lecciones de democracia
En realidad a nivel nacional ya existe el concepto de MAX: en Valencia se llama LliureX, en Castilla-La Mancha lo llaman Molinux, en Extremadura LinEx...
Cada comunidad por su lado, para mantener las tradiciones más hispanas
En todas las Administraciones se llevan a cabo las mismas taresas y, por tanto, se necesitarían los mismos programas para desarrollarlas. Un programa de Contabilidad Pública, otro de Contratación, uno de gestión de Centros de Educación Públicos, uno de gestión de centros sanitarios Públicos, un programa de gestión de personal, etc.
Cada Comunidad Autónoma tiene los suyos y casi todos son una porquería de programas, a los que hay que ir poniendo parches constantemente, previo pago a la empresa que realiza el mantenimiento, que es a la que se lo compraron.
El progrmaa quizá no costó mucho en su día pero el mantenimiento anual es brutal.
Para que la Administración funcionara con software libre o propietario tendría que tener equipos informáticos que lo elaboraran y mantuvieran o, como mínimo que lo mantuvieran. Y estos equipos, que en su día se formaron, están casi desmantelados y dedicados a atención de usuarios.
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Dejar que los administradores y arquitectos decidan cual es la mas apropiada para cada uso y dejar la puerta abierta a la competitividad.
y si necesitan cambio permanentes que contribuyan a las distros, que es lo mejor para que todos nos beneficiemos.
Llevo mas de 20 años usando linux en los proyectos mas variados, desde embebido a ofimática y nunca he necesitado montarme una distro, personalizar si, crearme mis paquetes con su estética corporativa también, incluso sus repositorios ad hoc, pero montarme una distro completa que en el fondo no es mas que todo eso en un DVD, con su mantenimiento nunca.
Otra cosa es el software, que es de lo que habla el articulo, y si bien la pagina web de la consejería de de rigor veo mas riesgos que ventajas (por la escasa calidad y seguridad actual), pero para software critico, como es el que garantiza los derechos de los ciudadanos, es cristalino, es como si nos impusieran un sistema de voto electrónico privativo ... aunque esto también lo han intentado.
Y ya sabemos lo que pasa con Google y su asisitene de voz: elpais.com/elpais/2019/07/12/ciencia/1562914719_220640.html
Obviamente, no necesita ser auditado en la administración pública un sistema operativo. Pero el sistema específico que permite almacenar, transmitir y notificar sentencias, pues yo creo que sí.
Por tanto, y no dudo que la licitación fuera correcta desde el punto de vista legal, y la administración tiene lo que pidió. Lo que estoy diciendo, es que las licitaciones para estas cosas deberían incluir la posesión de los códigos fuentes.
No veo la complicación. Es un software que el Estado pide a medida, y debe estar disponible en todos los estamentos de la sociedad.
Ese especialemente del final le delata, la dislexia propia del que piensa más rápido de lo que tarda en escribir.
Conozco un caso de un padre que el verano pasado envió una queja importante y voluminosa al Consorcio de Educación de Cataluña porque en el centro educativo de su hijo enseñan a utilizar programas generales y sistemas operativos de código cerrado y de licencia restrictiva (de sobras conocidos por usuarios). Y no solamente eso, además se aventuraron -como muchos otros centros- al aprendizaje de la computación por medio del software "code.org", un sistema que se vende como "sin ánimo de lucro" pero que están detrás las mayores corporaciones tecnológicas del mundo y que invita a registrar a sus alumnos.
Quizá me explaye más adelante, pero esto es más importante de lo que parece como para que un niño deba aprender informática desde entornos restrictivos y de código privativo, y encima en escuelas públicas.
Recordemos aquella noticia de hace 7 años en que Apple impedía la instalación de Firefox por no utilizar su supermotorchachiguaydelamuerte, desistiendo finalmente esta última: www.meneame.net/story/mozilla-mantiene-firme-firefox-no-volvera-ios
¿Es o no un problema un sistema operativo privativo?
Entiendo que lo que está mal por parte del estado es no pedir el código fuente en la licitación.
Además habría que ver quién es el propietario del software también en este caso, no vaya ser que sea del tipo hazme un software así y así, pero no tengo derecho a sus modificaciones sin consentimiento del desarrollador, y menos acceso al código fuente.
Otra cosa es que el estado, “Por ser de todos” debiera ponerlo a disposición pública, lo cual sería una tontería como exigir que el estado, “por ser de todos” revelase el contenido de sus secretos oficiales, o documentaciones oficiales, o que el CNP o la GC tuviesen que dar publica cuenta de todas y cada una de sus investigaciones...
No vas a oír hablar de él en la vida real, por eso lo de España debería haber contratado un grupo de informáticos para desarrollar software libre.
Ya sé que las administraciones autonómicas lo han hecho, por eso existe MAX y etc. He mencionado ese en concreto porque es el que me han regalado y porque sería el único que a esta pagina le sonaría
Lo de las "consultoras" es tan lamentable que yo, que hago trabajos de consultoría real, gracias a la degradación de la palabra por culpa de estas ETTs de cesión ilegal venidas a más, prefiero decir, cuando alguien me pregunta, que soy un apagafuegos a decir que soy consultor .
Animo y muchas gracias por compartir este largo y laborioso articulo.
Lo sé soy un paleto en temas jurídicos pero esto me ha sonado al camarote de los hermanos Marx. "La parte contratante..." Droga dura.
Por lo demás y por lo que he entendido, felicidades al abogado y gracias por compartirlo.
De todas formas, creo que son casos ligeramente diferentes, siendo en informática mucho más sangrante y claro que no hay consultoria en la mayoría de casos sino cesión ilegal de trabajadores.