El abogado de la Asociación de Afectados por la Venta de Inmuebles de la EMVS solicitará que Ana Botella declare como testigo. La Audiencia Provincial ha obligado por segunda vez al juez instructor a reabrir el caso de la venta de viviendas sociales a Fidere. Los tres magistrados que han estimado el recurso consideran que hay "indicios de infracción penal". Una condena en firme podría salpicar a la ex alcaldesa de Madrid.
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“De momento no podemos imputar a Ana Botella”, asegura el abogado. Sin embargo, si la Audiencia condenara a los dos imputados, sí que se podría enjuiciar a la ex regidora popular. En caso de una condena firme, se debería anular la operación de venta y habría que restituir a los afectados (así lo contempla el artículo 109 del Código Penal). “Es ahí donde entraría la responsabilidad de Ana Botella”, asegura.
En el auto, la Audiencia apela a la sentencia dictada por el Tribunal de Cuentas en la cual se obligó a Ana Botella y a su equipo a abonar 22,7 millones de euros por haber vendido en 2013 por debajo de su precio de mercado hasta 18 promociones de vivienda pública a un fondo de inversión. Además, los tres magistrados consideran que los dos imputados, Alfonso Benavides, apoderado de Fidere (la filial de Blackstone) y Fermín Oslé Uranga, ex consejero delegado de la EMVS, podrían haber cometido presuntos delitos de malversación de fondos, prevaricación y fraude.
Por tanto, una condena por malversación, prevaricación y fraude tendría “efectos colaterales”, ya que se anularía la operación de venta, según relata el representante de la Asociación de Afectados. “Deberían devolver a Fidere (la filial de Blackstone) más de 120 millones de euros. Pero si se tienen en cuenta las reformas que realizó fondo inversor, es fácil que nos vayamos a los 200 millones”
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