Parece que la petición que Airbnb y otras empresas del consumo colaborativo lanzaron al gobierno catalán a finales del año pasado no ha ido a buen puerto. La Generalitat de Cataluña se convierte en el primer organismo europeo que sanciona económicamente a Airbnb, concretamente con 30.000 euros que es la máxima cantidad que permiten las leyes catalanas.
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La mayoría de habitaciones en alquiler de Airbnb no pagan impuestos, a diferencia de los chóferes profesionales de Uber que sí lo hacen.
Soy usuario de pago tanto de Uber como de Airbnb: Uber me envía facturas legales siempre, los que alquilan por Airbnb nada.
Como siempre en este país, tiramos de la prohición, en vez de regulación. Se niegan a aceptar los nuevos tiempos y nuevos modelos de negocio.
Además, yo soy de la opinión (creo que razonable) que Airbnb trae un turismo sano, gente que se quiere alejar de los habituales packs turísticos baratos con barra libre.
Prohibiendo lo único que van a conseguir es que la gente lo haga sin declarar nada arriesgándose a una multa, aparte de perjudicar al turismo de la zona. Barcelona es la tercera ciudad en Airbnb y esto es mucho