Una cuenca totalmente salinizada, la prohibición de beber agua en toda una comarca, la posibilidad de contaminar el agua potable del área de Barcelona (afectaría a dos millones de personas) y la pasividad de una Administración que ha provocado que se destinen cientos de millones de euros a intentar paliar los efectos de una contaminación que debería haber pagado una compañía privada. Esos son los devastadores efectos que provoca el abandono de toneladas de residuos mineros en la comarca del Bages, en pleno corazón de Cataluña y que, por extensi
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Estradé sostiene que las autorizaciones concedidas a Súria, Balsareny y Sallent “no incluyen ninguna medida de prevención y gestión de residuos; ni un programa de restauración que contemple una debida y efectiva gestión de los residuos durante el tiempo que se desarrolló la actividad extractiva, así como la ausencia de una fianza ajustada al caso en los límites legales”.
Para paliar los efectos de los residuos, no obstante, quien ha puesto dinero encima de la mesa ha sido la Administración en vez de la empresa. “Concretamente, los trabajos de rehabilitación del terreno del depósito salino de Vilafruns, que ocupa una superficie de 9,9 hectáreas, ejecutadas y financiada por la Agencia Catalana del Agua, han tenido un coste de 7.579.459,85 euros. En cambio, para los ‘trabajos de clausura y sellado de los terrenos’ del depósito salino de El Cogulló, que ocupa una superficie de 48 hectáreas, la Generalitat ha presentado una garantía financiera por importe de 6.937.765,55 euros.".Una tontería comparado con lo que vamos a poner después del fiasco del
proyecto Castor, claro que no se valoran nunca los efectos para la salud