La deuda pública del conjunto de Administraciones Públicas es ahora de algo más de un billón de euros, lo que equivale casi al 100% del PIB. Desde diciembre de 2007 la deuda pública aumentó en 700.000 millones de euros. El 87% del aumento se debe al déficit fiscal. Una alta deuda pública como la que ahora tiene España es negativa para la sociedad. Por eso, lo que conviene a la gente es un gobierno que no gaste más de lo que ingrese.
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Ahora bien, en las conclusiones no estoy nada de acuerdo ya que propone continuar privatizando sectores productivos para España, es decir, empresas rentables que generan riqueza al Estado.
Está más que claro que hay que reducir el gasto público, pero no recortando servicios sino dejando de robar a los ciudadanos. Tampoco privatizando pero sí eliminando las miles de empresas públicas que no solo no producen sino que son deficitarias y sólo existen para pagar desorbitados salarios a los políticos, familiares y amiguetes que forman parte de sus órganos de dirección.
Otra medida productiva sería empezar a dejar de rescatar determinados sectores sistemáticamente, la mayoría de los cuales fueron públicos. Volver a nacionalizarlos y, eso sí, empezar a dirigirlos de forma honesta y competente para que sean funcionales, productivos y eficaces para los ciudadanos.
Reducir la carga fiscal en todos los impuestos indirectos y aumentarla en los directos de una forma más justa y proporcionada que la actual, tanto para personas físicas como para empresas. No es lo mismo ganar 15.000 euros al año que 100.000 euros, pero es que los hay que ganan 10 millones, 50 ó 100 y eso tendría que reflejarse a la hora de exigir tributos.
Aumentar significativamente el número de funcionarios de Hacienda para controlar específicamente las grandes fortunas y empresas. Tenemos un fraude fiscal anual de 80.0000 millones de euros.
Eliminar figuras fiscales diseñadas específicamente para evitar el pago de tributos, como las SICAV.
Podría pasarme el día escribiendo medidas pero sólo diré una más. Una que, en principio, no tiene una relación directa con la economía, pero como quiera que la corrupción política es en definitiva la principal causa de una política económica fallida y en consecuencia de una economía fallida para el país, entiendo que resulta vital exigir responsabilidades penales a los cargos políticos no sólo cuando obren interesadamente en contra de los intereses generales sino también cuando lo hagan por incompetencia.
--Uyyy lo que ha dicho!