La reforma de la ley de memoria histórica que el PSOE ha registrado en el Congreso -y que pretende que se empiece a tramitar en marzo- recoge la "declaración de nulidad e ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, durante la guerra civil, se hubieran constituido para imponer por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa condenas o sanciones de carácter personal, así como la ilegitimidad y nulidad de sus resoluciones"
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