El anteproyecto de ley, que aún puede sufrir modificaciones antes de llegar al Parlamento para su debate y aprobación, incorpora al Código Penal los delitos de explotación laboral, servidumbre y esclavitud —este último será castigado hasta con 12 años de cárcel— y también ordena la entrada en prisión de quien pague por servicios sexuales o laborales sabiendo que estas personas están siendo forzadas a satisfacerle o servirle.
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