El Juzgado de lo Penal 1 de Almería ha condenado a tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público al alcalde de Carboneras, el independiente Salvador Hernández (Gicar), al considerar probado que no entregó "la documentación solicitada en innumerables peticiones, por lo menos, hasta 26", por parte del portavoz de la oposición, el socialista José Luis Amérigo.
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Asuntos como este, o la prohibición de grabar plenos y tontadas similares de muchos alcaldes debían resolverse como los juicios rápidos de tráfico. ¿Qué pasaría si la documentación pedida pudiera demostrar la existencia de una prevaricación que podría haber caducado?