Mientras el Senado norteamericano desclasifica una parte del informe sobre torturas en la pasada década, el Congreso español insiste en no desvelar ningún dato sobre la comisión de investigación que analizó, entre 1979 y 1982, los malos tratos en Euskal Herria. La Cámara Baja niega ahora dar los nombres de los declarantes para evitar que puedan dar su permiso y le obliguen a hacer públicos los informes.
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