Siete entidades sociales madrileñas comprometidas con la lucha contra la pobreza han denunciado a la Asamblea de Madrid ante el Defensor del Pueblo por no atender su petición de adecuar el sistema de Rentas Mínimas de Inserción (RMI) vigente en la comunidad autónoma a la Carta Social Europea.
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Es decir, una pataleta sin consecuencias. Las denuncias solo valen en los juzgados (y aún así, en Españistán, poco y mal)