Amnistía Internacional decide adoptar una posición sobre el trabajo sexual tras encontrarse de plano con gravísimas violaciones de los derechos humanos en investigaciones sobre tortura, violencia contra las mujeres y penalización de las relaciones entre personas del mismo sexo. Sabemos que no se trata de un terreno cómodo para una organización de derechos humanos. Con frecuencia, los debates sobre el trabajo sexual o la prostitución son polémicos y suscitan opiniones enfrentadas.
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Amnistía pide a los Estados que eliminen la regulación penal y toda otra regulación punitiva del trabajo sexual consentido entre personas adultas, dado que está demostrado que la penalización refuerza la marginación, el estigma, la discriminación e impide el acceso a la justicia.
La diferencia entre trabajo sexual, trata, violencia, y explotación sexual
A efectos de la despenalización, Amnistía diferencia el trabajo sexual de la trata y la explotación sexual. Por trabajo sexual se entiende la prestación consentida de servicios sexuales a cambio de algún tipo de remuneración entre personas adultas. El trabajo forzado y la trata de personas (para fines que incluyen la explotación sexual) constituyen graves abusos contra los derechos humanos y deben ser tipificados como delito. En virtud del Protocolo de Palermo, los Estados tienen la obligación de prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres, niños y niñas y de proteger los derechos humanos de las víctimas de trata. Por otro lado, los niños y niñas implicados en actos de comercio sexual son víctimas de explotación sexual, reconocida por la Organización Internacional del Trabajo como una de las peores formas de trabajo infantil y un grave abuso contra los derechos humanos.
La explotación en el contexto del comercio sexual adopta diversas formas que van desde violaciones de los derechos laborales (por ejemplo de la normativa sobre salud y seguridad en el trabajo) hasta formas muy graves de explotación que incluyen prácticas equivalentes a la servidumbre y el trabajo forzado. Amnistía InternacionaI considera que las trabajadoras sexuales tienen menor riesgo de explotación cuando el trabajo que realizan no se trata como una actividad delictiva y están más empoderadas para reclamar sus derechos y pedir protección jurídica frente a la explotación cuando no corren riesgo de sufrir sanciones.