La iniciativa parlamentaria que plantea reformar la ley del Tribunal Constitucional para castigar con multas, en vez de con la suspensión del cargo, la desobediencia de los cargos públicos frente a las resoluciones del Tribunal Constitucional provocará que infracciones como tirar petardos, no recoger los excrementos de los perros, poner la música demasiado alta o fumar porros se castiguen con sanciones más elevadas que la negativa a cumplir los dictámenes del TC.
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Lo único que hace esta contrarreforma es eliminar la posibilidad de enjuiciar a nadie, que nunca ha sido competencia del Tribunal Constitucional porque no es un tribunal, no forma parte del Poder Jurídico del Estado, es a pesar de su nombre, un Consejo Constitucional que da su opinión sobre la constitucionalidad de las leyes y de los actos de la administración, la ejecución no le ha sido atribuido a el por la Constitución Española
Así que como potencialmente los afectos por esta ley son políticos, hay que dejarla preparada para la eventualudad de que se la apliquen a uno mismo y por tanto sin efecto.