El hecho de que esta regla deje en manos de las comunidades la elección de profesionales sanitarios para formar este grupo puede crear, a juicio de los propios profesionales, una disparidad en la forma de aplicar la eutanasia. Así, el derecho a morir sería no tan accesible en unas regiones como en otras. Esta situación preocupa a la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) que lamenta que pueda haber "dieciocho maneras diferentes de aplicar la norma, 17 comunidades autónomas y el régimen especial de Ceuta y Melilla".
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Ya pasó lo mismo con los abortos.