La ley da un plazo de 12 semanas de gestación para poder practicar una interrupción voluntaria del embarazo, aunque el plazo puede ascender a las 18 semanas si la gestante es una niña, una adolescente o una mujer indígena.
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Si el feto tiene derecho a la vida no tiene sentido poder matarlo aunque sea una violación.
Y si no tiene derecho a la vida no tiene sentido sólo poder matarlo si es fruto de una violación.
Pensaba que te habías equivocado de siglo, me ha costado unos segundos entender tu comentario.