El representante de la minera Tungten San Finx, propietaria de la mina San Finx, tendrá que declarar el próximo 1 de febrero ante el Juzgado de Noia. Organizaciones ecologistas y marinas convocan una concentración en Noia, coincidiendo con la declaración, exigiendo el fin de los vertidos de metales pesados.
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En 2023, la Cámara de Minería intervino para defender la mina de San Finx, afirmando que no había ningún daño a las aguas, al igual que la propia Xunta de Galicia sancionó a la mina con una multa de 180.000 euros por vertidos ilegales. El presidente de la Cámara, que también es empleado de la empresa minera Penouta, a juicio de los ecologistas, «involucró a la organización en movilizaciones para intentar influir en la decisión judicial del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de suspender la actividad de la que hasta entonces era la única mina de metal en funcionamiento».
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La Xunta de Galicia gastará recursos públicos para defender a altos cargos imputados en un delito ecológico (gal). Verdegaia considera un "auténtico escándalo" que la Xunta sufrague la defensa de los funcionarios y cargos públicos imputados en relación con su actuación en la explotación de estaño y wolframio de San Finx, en Lousame.
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