En marzo de 2017 los nueve empresarios "cazados" por la Justicia por pagar actos del PP de Francisco Camps firmaban un acuerdo con la fiscal para evitar la prisión. El pacto contemplaba reconocer los hechos de manera que las acusaciones pudieran acreditar que los populares hicieron trampa en las elecciones de 2007 y 2007, pero no que el dinero entregado fuera a cambio de adjudicaciones públicas, lo que podía haber añadido la malversación de caudales públicos a los ya asumidos delitos de falsedad y delito electoral. Al final, los patronos...
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En el juicio que empezó esta semana, los nueve empresarios reconocieron los hechos ratificando el pacto con la fiscal ante el juez. Enrique Ortiz, Gabriel Batalla, Enrique Gimeno, Rafael y Tomás Martínez Berna, Antonio y Alejandro Pons Dols, José Francisco Beviá y Vicente Cotino habían negociado también conmutar la pena de cárcel por una multa de unos dos millones de euros abonada entre todos y según los delitos a los que se enfrentaban.
Ni la Gürtel ha pillado a Aguirre o a Pio García-Escudero; ni por ahora a Camps, ni a Ruiz-Gallardón, ... ni a los empresarios corruptores.
Y por si acaso, ya les amnistiaron fiscalmente sus mordidas.