"Hablamos de que la presidenta, que es quien recauda y gestiona los impuestos de la Comunidad de Madrid, está disfrutando de una vida pagada con el fraude fiscal y con una comisión de dos millones de euros, que se produjo en un momento en el que estábamos los demás españoles encerrados en casa", resalta Ignacio Escolar, que asegura que "no es legal y por eso ha sido trasladado a la Fiscalía y al juzgado".
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