Joaquín González-Herrero González,el fiscal que pidió el archivo de la causa que investigaba la venta de 32 promociones de viviendas del Instituto de Vivienda Pública de Madrid (IVIMA) al fondo Azora-Goldman Sachs es hermano del juez Juan Pablo González,quien fuera recusado en el caso Gürtel por sus vínculos con el PP. A finales de 2018,de manera sorprendente,la Fiscalía cambió de criterio y después de afirmar,como hace un año,que el proceso de la operación de venta estuvo “trufado de irregularidades”,en diciembre pidió el archivo de la causa
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El abogado que sentó a Rajoy en el banquillo recurre el archivo de la causa del IVIMA
En nombre de la asociación Corruptil, califica de "giro copernicano" la postura de la Fiscalía..en su escrito califica de "giro copernicano" la postura de la Fiscalía. El letrado recuerda que el Ministerio Fiscal consideraba hace un año que la operación de venta de casi 3.000 viviendas sociales estuvo "trufado de irregularidades" y que "lo que fueron indicios siguen existiendo, no han desaparecido".
Benítez de Lugo cuestiona que el juez en su auto haga "descansar su decisión de sobreseer la causa" en lo que respecta al delito de prevaricación, "en el pretendido desconocimiento que los investigados tendrían sobre la 'arbitrariedad del procedimiento de adjudicación'.
La "singular" doble firma de la Fiscalía
El abogado destaca el hecho de que el escrito del Ministerio Público venga con la firma del fiscal decano, Enrique Remán Peñalver, además de la del fiscal, Joaquín González-Herrero. Una circunstancia que el letrado califica de "singular".
El recurso recuerda que el Ministerio Público apreciaba hace un año, cuando el caso estaba en manos de otro fiscal, un "'tejemaneje' en la operación", que apuntaba a "la más absoluta arbitrariedad" en la decisión de venta, además de "la presencia de administración desleal, por 'la venta de inmuebles a infraprecio'". Además, recupera el informe de la Cámara de Cuentas que "relató las irregularidades cometidas en la operación de compra-venta".
El abogado recupera otro caso similar, el de la venta de viviendas sociales del Ayuntamiento de Madrid, un caso reabierto por la Justicia, en el que el mismo letrado representa a las familias afectadas, y precisa que en la causa del IVIMA podrían concurrir "los mismos delitos de prevaricación, malversación y fraude". Según afirma Benítez de Lugo, "no tendría sentido ni coherencia que en ese caso se siga adelante con la instrucción y en el que ahora nos ocupa, coincidiendo en lo sustancial ambos informes de la Cámara de Cuentas, se confirmase el sobreseimiento, cuando el procedimiento de contratación 'adolece de irregularidades tal y como la Cámara de Cuentas sostiene en su informe'".
El escrito reclama en su parte final que se remita a la Audiencia Provincial de Madrid el caso de la venta de las viviendas del IVIMA.
www.elplural.com/politica/caso-ivima-fondos-buitre-recurso-archivo-her
Pero voto errónea por que esa costumbre de juzgar a la gente por sus vínculos familiares me parece peligrosa.
Hay que juzgarlo por sus actuaciones, no por las preferencias políticas de su familia
"A finales de 2018, de manera sorprendente, la Fiscalía cambió de criterio y después de afirmar, como hace un año, que el proceso de la operación de venta estuvo “trufado de irregularidades”, en diciembre pidió el archivo de la causa porque “no se ha acreditado la existencia del delito de malversación, ni el delito de prevaricación ni del de fraude”. ¿Qué determinó el cambio de criterio? El cambio de fiscal.
¿Y quién fue el fiscal llegado, por sorpresa, a este caso? Joaquín González-Herrero González, quien desarrollaba su carrera en Bruselas desde hace 20 años, como consejdero de la dirección de la Oficina de Lucha Antifraude (OLAF) de la Unión Europea, desde que fuera nombrado durante el Gobierno de José María Aznar..
Además se ha dado la situación excepcional de que el escrito de la Fiscalía no sólo está firmado por González-Herrero, sino, también, por el fiscal decano Enrique Remán Peñalver. "Pueden haber dos causas para explicar esta circunstancia rara: que el fiscal no estuviera de acuerdo con el texto y pidiera que su jefe lo suscribiera también o que el dictamen del Ministerio Público estuviera ya decidido y que simplemente se hubiera usado la firma de González-Herrero".
Como se ve, el caso ha quedado en manos de dos personas con fuertes vínculos con el PP, los hermanos Joaquín y Juan Pablo González-Herrero. Pero no han sido las únicas situaciones relevantes ocurridas en este caso. En junio de 2017, el anterior fiscal pidió que se prorrogara la instrucción del procedimiento judicial durante un año y medio, ya que el plazo fijado estaba próximo a expirar y aún el juez no había recibido el informe que pidió a la Agencia Tributaria de Madrid. ¿Y quién estaba al frente de este departamento? La hermana del entonces ministro de Justicia Rafael Catalá, Raquel Catalá Polo.
www.elplural.com/politica/la-hermana-de-catala-retrasa-el-caso-ivima_1
El perito empresario con vínculos con Goldman Sachs
Los retrasos en Hacienda atribuidos a la hermana de Catalá pasaron por el escándalo del nombramiento de un perito, Antonio Laquidain Hergueta, rechazado por el juez después de que El Plural desvelara sus vínculos empresariales con el fondo Goldman Sachs, adjudicataria de las viviendas públicas.
www.elplural.com/politica/el-perito-de-hacienda-tendra-que-investigar-
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Huele fatal fatal