Fomento insiste en defender el veto al traspaso de la AP-9 a Galicia con un cálculo económico falso (gal)

El Ejecutivo central valora el eventual impacto del rescate haciendo una simple multiplicación: el promedio de los ingresos anuales de Audasa por peaje por el número de años que restan hasta el fin de la concesión, en 2048. Llega así a la conclusión de que costaría unos 4.300 millones de euros. Ese cálculo ignoraba los preceptos de la Ley de Contratos del Sector Público y parámetros imprescindibles a la hora de valorar una empresa titular de una concesión pública, como la parte de la concesión ya amortizada

[#1 croucho]

El prolongadísimo proceso político en torno a la transferencia a la Xunta de las competencias sobre la autopista AP-9 entró en una nueva fase a finales de 2016. Con el nombramiento de Íñigo de la Serna como nuevo titular de Fomento el Ministerio pasó de dar vueltas el debate con argumentos financieros o políticos más o menos difusos a negarse abiertamente al traspaso reclamado por unanimidad desde el Parlamento de Galicia al considerar que la competencia debe mantenerse "donde está", en el Gobierno de España. Así y todo, cuando la Cámara gallega redactó la reclamación por segunda vez, el departamento encabezado por De la Serna regresó al camino que había transitado su predecesora, Ana Pastor, el de un argumentario financiero que llevó este miércoles al propio ministro a defender el veto en una respuesta parlamentaria a En Marea basándose en un cálculo económico falso.

Cuando el legislativo gallego pidió la transferencia por primera vez lo hizo en una ley que contemplaba, a manera de hipótesis, un eventual rescate de la concesión. Ese escenario hipotético le sirvió al gabinete de Mariano Rajoy para ejercer la capacidad de veto por motivos económicos que le otorga la Constitución, aunque con cifras erróneas.

El ministro De la Serna recupera el argumentario económico que no se corresponde con el eventual coste real ni con el texto de la ley aprobada en Galicia por unanimidad.

Como avanzó Plaza.gal, el Ejecutivo central valoraba el eventual impacto del rescate haciendo una simple multiplicación: el promedio de los ingresos anuales de Audasa por peaje por el número de años que restan hasta el fin de la concesión, en 2048. Llegaba así a la conclusión de que costaría unos 4.300 millones de euros. No obstante, ese cálculo ignoraba los preceptos de la Ley de Contratos del Sector Público y parámetros imprescindibles a la hora de valorar una empresa titular de una concesión pública, como la parte de la concesión ya amortizada y su valor actual o los beneficios de la compañía en últimos cinco años. Si lo hiciera, el resultado oscilaría entre 2.500 millones y 3.000.

Esgrimir estas cuentas erróneas como respuesta a la primera ley torna ahora en defensa de un cálculo falso una vez más, aprobada conjuntamente en Galicia por PP, En Marea, PSdeG y BNG previo asesoramiento del equipo jurídico del Parlamento. En este segundo intento el Ministerio respondió con uno nuevo veto a la tramitación de la ley en el Congreso procurando una nueva arquitectura para

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[#2 jamma]

Grandes gestores éstos ladrones.