Ha incumplido durante cuatro años a la directiva europea para combatir el terrorismo (2017/541) , que en el artículo 26 prueba la activación de los protocolos de cooperación con los demás estados de la UE para asistir debidamente a las víctimas extranjeras, es decir, que tengan acceso a toda la información sobre sus derechos, los servicios de apoyo y los sistemas de indemnización.
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Lo otro sería acusarle directamente.
No hay que ser muy listo para ver la realidad: "Es un juez trabajando a las órdenes del PP".