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Gestha rechaza aumentar el umbral del delito fiscal y legalizar prostitución

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han expresado hoy su rechazo a medidas sugeridas por los inspectores como aumentar el umbral del delito fiscal a 600.000 euros (frente a los 120.000 actuales) y abrir el debate sobre la legalización de drogas blandas y prostitución

| etiquetas: gestha , hacienda , drogas , prostitucion
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9 comentarios
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  1. #1 --379974--
    Los del ministerio deberian pensar que los inspectores de hacienda se acuerdan de sus madres :-D
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  2. #2 --115178-- *
    #0 no cuadra el titular "Gestha rechaza rebajar el umbral del delito fiscal" con la entradilla "su rechazo a medidas ... como aumentar el umbral del delito fiscal"
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  3. #3 pikarra
    #2 Gracias
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  4. uno_d_tantos #4 uno_d_tantos
    Imaginaos lo que debe de defraudar el político/mafioso más honrado si necesitan subir el umbral del delito fiscal a 600000 euros anuales para evitar ir la cárcel.
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  5. Gol_en_Contra #5 Gol_en_Contra
    #4 Entonces ¿porque no aceptan subirlo?

    No entiendo, si fuese corrupto, entre más alto el umbral, mas puedo defraudar sin que sea considerado fraude. ¿Para qué querrían loz inspectores subir el umbral?

    O es que no me entero de algo.
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  6. uno_d_tantos #6 uno_d_tantos
    #5 Tienes razón, he leido mal.
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  7. Gol_en_Contra #7 Gol_en_Contra *
    #6 Yo creo que has leído bien.

    Lo que pasa es que quienes hacen la propuesta son inspecrores de hacienda. Quienes la recahzan son los técnicos (supongo que con mayor cargo jerárquico).

    A los curruptos les interesa, lo que no me cuadra es que sean los que tienen que "vigilar" quienes quieran ponerlo fácil.
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  8. #8 --370245--
    Los motivos de los inspectores (A1) creo que deben estar relacionados con el uso de recursos para digamos "cuatro duros", porque a ese nivel es lo que son, y así poder usarlos en casos más relevantes. El criterio de los técnicos (A2), más cercanos al sentir de los ciudadanos, está más orientado a que se deben poner los recursos necesarios para perseguir el fraude fiscal, más allá del cálculo coste beneficio, incrementando los recursos humanos y materiales de la AEAT, porque al final redundan en ingresos y sobre todo en justicia social.
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