Un grupo de personas, integrantes del Grupo Extremeño en Defensa de los Derechos Cívicos, se autoinculpa por los mismos delitos que han llevado a la cárcel a varios activistas catalanes en un acto de desobediencia no violenta frente a la represión del estado y en protesta contra una sentencia que consideran que vulnera los derechos civiles básicos de toda la ciudadanía española.
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